La investigación surge, tras una resolución de la presidenta cameral, Jennifer González Colón, con el fin de determinar si es necesario tomar acción legislativa y llevar a cabo los referidos pertinentes a las agencias gubernamentales que regulan y fiscalizan la actividad de seguros y la banca en Puerto Rico.
Foto de Archivo/ERLV
González Colón manifestó que “los fondos retenidos en esta práctica se calculan en cantidad millonaria y al congelarse los mismos en una retención se está privando su uso en la actividad económica del Puerto Rico”.
Agencia Noticias Cyber News
EL CAPITOLIO (CyberNews) – La Comisión de Desarrollo Económico, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara de Representante investiga el uso que le han dado los aseguradores de título en Puerto Rico a los fondos que se retienen en una compraventa a vendedores de propiedades, por el hecho de que éstas no están tasadas por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para efectos contributivos.
La investigación surge, tras una resolución de la presidenta cameral, Jennifer González Colón, con el fin de determinar si es necesario tomar acción legislativa y llevar a cabo los referidos pertinentes a las agencias gubernamentales que regulan y fiscalizan la actividad de seguros y la banca en Puerto Rico.
“Ha llegado ante nuestra consideración por parte de ciudadanos que han estado sujetos a dicha retención, la preocupación de que haya casos de aseguradores de título que usen los fondos retenidos para beneficio privado invirtiendo dichos fondos.
Esto les lleva a cuestionar si significa que esos aseguradores de titulo estarían invirtiendo fondos ajenos para propósitos propios y cómo el que esto no esté específicamente autorizado o dispuesto por ley afecta los derechos de los depositarios”, planteó la líder cameral.
De hecho, González Colón manifestó que “los fondos retenidos en esta práctica se calculan en cantidad millonaria y al congelarse los mismos en una retención se está privando su uso en la actividad económica del Puerto Rico”.
La Comisión tendrá 90 días para rendir un informe que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Mientras hoy miércoles, en vista pública la Oficina del Comisionado de Seguros consignó que como entidad gubernamental encargada de fiscalizar las funciones de las aseguradoras en la Isla, posee la facultad legal de examinar e investigar todas las operaciones de los aseguradores de títulos.
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