HILTON HEAD ISLAND, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) - Varios grupos empresariales del condado de Beaufort se oponen a una ordenanza que está siendo considerada por el concejo local, que busca revocar las licencias comerciales de cualquier compañía que contrate extranjeros ilegales a sabiendas.



Los grupos, que incluyen empresas de construcción, restaurantes y hoteles, dicen que la ordenanza es inconstitucional y podría causar el cierre de negocios legales, informó el diario The Island Packet.



El concejo del condado tendrá su votación final sobre la propuesta el lunes.



Los empresarios enviaron una carta al concejo a principios de esta semana diciendo que la ordenanza es ambigua. A ellos también les preocupa cómo se haría cumplir.



Hasta ahora, el concejo no ha discutido sobre quién haría cumplir los nuevos reglamentos o cuánto costará si es aprobada la propuesta.



Gary Kubic, administrador del condado, escribió un memorándum a los concejales diciendo que necesitaría contratar a 24 empleados de tiempo completo a un costo de 840.000 dólares para auditar aproximadamente 5.000 licencias comerciales.



La concejal que propuso la ordenanza hace dos meses no espera que la carta influya en el concejo.



Starletta Hairston dijo que no comprende la razón de la oposición de los empresarios a la medida, ya que ayudará a las compañías que operan honestamente a competir con la gente que contrata trabajadores indocumentados.



"Todo lo que intento hacer es asegurar que todos jueguen con las mismas reglas", subrayó Hairston.



En su carta, los empresarios dijeron que la ordenanza es inconstitucional porque exige a los empleadores requerimientos que están en conflicto con las leyes federales de inmigración.



"Esencialmente, la ordenanza eleva el papel del condado al de 'agente de inmigración', pero sin la autoridad, conocimiento amplio, entrenamiento y personal necesario para llevar a cabo esta función críticamente importante", escribieron los grupos empresariales.



Pero Hairston dijo que el hecho de que el gobierno federal tenga la autoridad para tratar la inmigración no significa que los gobiernos locales deban desatender el asunto.