EspañainvestigaríaseisexfuncionariosEEUUencasotorturas Una corte española comenzó una investigación sobre seis funcionarios del Gobierno del ex presidente George W. Bush,
REUTERS/Andrea Comas (ESPAÑA)
El juez español Baltazar Garzón en el lanzamiento de un libro en Madrid. Una corte española comenzó una investigación sobre seis funcionarios del Gobierno del ex presidente George W. Bush, incluyendo al ex fiscal general de Estados Unidos Alberto González
Javier Leira Agencia Noticias Reuters
NUEVA YORK (Reuters) - Una corte española comenzó una investigación sobre seis funcionarios del Gobierno del ex presidente George W. Bush, incluyendo al ex fiscal general de Estados Unidos Alberto González, en relación a presuntas torturas de prisioneros en Guantánamo, publicó el New York Times el sábado.
La investigación criminal se enfocaría en si ellos violaron tratados internacionales dando una justificación legalista para la tortura en el campo de detención estadounidense en Cuba, señaló el Times.
El diario informó que la Audiencia Nacional de Madrid había asignado el caso al juez Baltasar Garzón, quien ha aceptado el caso y lo envió a la oficina del fiscal para que sea revisado, dijo el diario, citando como fuente a un funcionario cercano al caso.
La queja, preparada por abogados españoles ayudados por expertos legales estadounidenses y europeos, también menciona a John Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia, que escribió opiniones legales secretas diciendo que el presidente tenía autoridad para eludir las convenciones de Ginebra.
España puede reclamar jurisdicción en el caso porque cinco ciudadanos o residentes españoles que fueron prisioneros en la prisión de Guantánamo dicen que fueron torturados allí.
Otros estadounidenses mencionados son William Haynes II, ex consejero general del Departamento de Defensa, y David Addington, jefe de equipo y asesor legal del ex vicepresidente Dick Cheney.
Yoo, quien ya es objeto de una investigación sobre ética en el Departamento de Justicia, no quiso hablar con el Times.
Los otros no pudieron ser contactados o no dieron respuesta inmediata a las solicitudes de hacer declaraciones, dijo el diario.
Gonzalo Boye, abogado madrileño que presentó la queja, dijo que los seis estadounidenses tuvieron roles bien documentados en la
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